Con los ecos de las elecciones apagándose, los argentinos nos encontramos ante la puerta de otro desafío: conocer, discutir y lograr la aprobación de una nueva Ley de Medios Audiovisuales.
Desde 1976, en la Argentina está vigente una norma que fue hecha a medida para el régimen de gobierno que se instalaba por esos días en el poder, la dictadura militar. Gracias a ésta, la Junta de Comandantes en Jefe tomó el control de la comunicación y concentró a los medios de manera que lo que se transmitiera no fuera la voz de la sociedad argentina sino sólo las opiniones autorizadas, las que dijeran lo "correcto", las que respondieran al "orden" y a los grandes grupos económicos. Luego de 33 años, las cosas no han cambiado demasiado: la palabra pública continúa siendo de quien puede pagarla y los que verdaderamente la necesitan no pueden acceder a ella. Hoy, en cambio, ese impedimento aparece por el accionar de los monopolios mediáticos de la comunicación.
Como era de esperarse, la creación de una Ley de Medios fue muy resistida por ellos. Porque una norma que abra el juego y fomente la diversificación de las voces, es sinónimo de una regla que se interpondrá en sus intereses y les quitará poder. En su ataque se pueden identificar tres argumentos principales: el primero, que su ejercicio implicará una restricción a la libertad de expresión. En realidad, un atentado contra ese derecho es lo que tenemos en la actualidad: aquel que no piensa y repite lo que los dueños de los medios pretenden, no encuentra lugar alguno donde expresarse.
Otro de los justificativos esgrimidos es que es un proyecto con fines políticos, un ataque del gobierno de turno a la prensa opositora, el comodín impulsado por el kirchnerismo para ampliar su poder. Con respecto a eso, es importante destacar que son pocas las leyes en la historia de la República Argentina que tuvieron un recorrido parecido a ésta: en el año 2007 se entregaron al gobierno 21 puntos, surgidos del seno de la sociedad, en torno a los cuales se debía trabajar para que la democratización de la información fuera posible. Además, este trabajo fue llevado a cabo por especialistas pertenecientes al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y una vez terminado, se comenzó un ciclo de debates a lo largo y ancho del país donde todos los interesados tuvieron la posibilidad de participar en los debates y enriquecer el proyecto.
El último y tercer argumento se puede leer en las notas de opinión e intenta convencer a la sociedad de que su implementación provocará una desinversión en el sector periodístico, lo que conllevaría a una disminución directa y cuasi catastrófica de los puestos de trabajo para las personas que hoy se desempeñan en los medios. Sin embargo, a la hora de repasar el proyecto de ley se advierte fácilmente que lo que se propone es absolutamente lo contrario: la iniciativa impulsa la creación y/o fortificación de medios gráficos, radiales y televisivos locales, regionales, provinciales, para ONG' s, casas de estudio, etcétera. Lo que significa que muchos argentinos podrían trabajar en alguno de ellos sin tener que simpatizar con el propietario, expresando y comunicando una realidad más diversa y verosímil.
En consecuencia, esta ley se plantea como una necesidad de todo el pueblo argentino. Necesitamos una herramienta legal que corra su eje de la Doctrina de Seguridad Nacional y se centre en la búsqueda de las voces de todos los estratos de la sociedad. Democracia significa que todos puedan hacerse oír, que todos tengan derecho a ser escuchados y que nadie deba pedir permiso u opinar igual que otro para poder llegar a todos.
Lo cierto es que hoy la gran mayoría de los medios de comunicación está en manos de unos pocos y debemos hacer lo posible por cambiarlo. "¿Por qué?", se preguntarán varios lectores. Porque la realidad es una construcción diaria y si los encargados de informarnos son tan pocos corremos el riesgo de que sólo registremos una parte de ella. Por eso, y porque no debemos resignarnos a ser actores pasivos de nuestra propia historia, decimos que queremos romper con los estereotipos y obtener una ley que no sólo nos dé la oportunidad de abandonar el papel de receptores inertes sino también de ser productores de ideas para operar sobre nuestra idiosincrasia argentina.
Desde 1976, en la Argentina está vigente una norma que fue hecha a medida para el régimen de gobierno que se instalaba por esos días en el poder, la dictadura militar. Gracias a ésta, la Junta de Comandantes en Jefe tomó el control de la comunicación y concentró a los medios de manera que lo que se transmitiera no fuera la voz de la sociedad argentina sino sólo las opiniones autorizadas, las que dijeran lo "correcto", las que respondieran al "orden" y a los grandes grupos económicos. Luego de 33 años, las cosas no han cambiado demasiado: la palabra pública continúa siendo de quien puede pagarla y los que verdaderamente la necesitan no pueden acceder a ella. Hoy, en cambio, ese impedimento aparece por el accionar de los monopolios mediáticos de la comunicación.
Como era de esperarse, la creación de una Ley de Medios fue muy resistida por ellos. Porque una norma que abra el juego y fomente la diversificación de las voces, es sinónimo de una regla que se interpondrá en sus intereses y les quitará poder. En su ataque se pueden identificar tres argumentos principales: el primero, que su ejercicio implicará una restricción a la libertad de expresión. En realidad, un atentado contra ese derecho es lo que tenemos en la actualidad: aquel que no piensa y repite lo que los dueños de los medios pretenden, no encuentra lugar alguno donde expresarse.
Otro de los justificativos esgrimidos es que es un proyecto con fines políticos, un ataque del gobierno de turno a la prensa opositora, el comodín impulsado por el kirchnerismo para ampliar su poder. Con respecto a eso, es importante destacar que son pocas las leyes en la historia de la República Argentina que tuvieron un recorrido parecido a ésta: en el año 2007 se entregaron al gobierno 21 puntos, surgidos del seno de la sociedad, en torno a los cuales se debía trabajar para que la democratización de la información fuera posible. Además, este trabajo fue llevado a cabo por especialistas pertenecientes al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y una vez terminado, se comenzó un ciclo de debates a lo largo y ancho del país donde todos los interesados tuvieron la posibilidad de participar en los debates y enriquecer el proyecto.
El último y tercer argumento se puede leer en las notas de opinión e intenta convencer a la sociedad de que su implementación provocará una desinversión en el sector periodístico, lo que conllevaría a una disminución directa y cuasi catastrófica de los puestos de trabajo para las personas que hoy se desempeñan en los medios. Sin embargo, a la hora de repasar el proyecto de ley se advierte fácilmente que lo que se propone es absolutamente lo contrario: la iniciativa impulsa la creación y/o fortificación de medios gráficos, radiales y televisivos locales, regionales, provinciales, para ONG' s, casas de estudio, etcétera. Lo que significa que muchos argentinos podrían trabajar en alguno de ellos sin tener que simpatizar con el propietario, expresando y comunicando una realidad más diversa y verosímil.
En consecuencia, esta ley se plantea como una necesidad de todo el pueblo argentino. Necesitamos una herramienta legal que corra su eje de la Doctrina de Seguridad Nacional y se centre en la búsqueda de las voces de todos los estratos de la sociedad. Democracia significa que todos puedan hacerse oír, que todos tengan derecho a ser escuchados y que nadie deba pedir permiso u opinar igual que otro para poder llegar a todos.
Lo cierto es que hoy la gran mayoría de los medios de comunicación está en manos de unos pocos y debemos hacer lo posible por cambiarlo. "¿Por qué?", se preguntarán varios lectores. Porque la realidad es una construcción diaria y si los encargados de informarnos son tan pocos corremos el riesgo de que sólo registremos una parte de ella. Por eso, y porque no debemos resignarnos a ser actores pasivos de nuestra propia historia, decimos que queremos romper con los estereotipos y obtener una ley que no sólo nos dé la oportunidad de abandonar el papel de receptores inertes sino también de ser productores de ideas para operar sobre nuestra idiosincrasia argentina.
