viernes, 13 de noviembre de 2009

Con la democracia se come

Por Martín Ramirez


Una de las deudas, entre otras, de la democracia es la de garantizar el derecho a la alimentación. Justamente el Estado de Derecho, que es lo que viene a representar esta forma de gobierno, no ha estado a la altura de la demanda del mismo. Allá por el año 1983, cuando el primer mandatario electo Raúl Alfonsín exaltaba a la democracia como la única capaz de garantizar el comer, curar y educar, parecía algo que no tardaría en llegar. Para desilusión de unos cuantos, tardó y mucho.

El jueves 29 de octubre, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció desde la Casa Rosada el pago de una suma mensual de 180 pesos por hijo, destinado a menores de 18 años cuyos padres no perciban actualmente asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por estar desempleados o por trabajar en el mercado informal. Lejos está de ser lo ideal, pero esta universalización viene a representar un paliativo ante tanta desigualdad. Decimos lejos de lo ideal porque en realidad lo que la sociedad necesita es trabajo genuino para así no tener que recurrir al asistencialismo del poder de turno -más allá de ser algo justo, hay que ver el grado de especulación de la medida, ya que este gobierno lleva seis años de gestión con mayoría parlamentaria y no lo hizo antes. Lo hace ahora precisamente antes del recambio legislativo-. Independientemente de esto, la medida es necesaria. Mejor tarde que nunca.

Pan para hoy, ¿hambre para mañana?


La pregunta que se hace la oposición es por qué los fondos de la asignación saldrán de la ANSES ya que, según éstos, afectará la movilidad (haberes) de nuestros jubilados. Para el pago de la prestación, el Gobierno destinará 9.965 millones de pesos que extraerá del superávit del organismo y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (llegó al 37 por ciento en tan sólo un año). De ahí las críticas. Sin embargo, muchos de los cuestionan esta medida se mantuvieron en silencio en la década del 90 cuando las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se llevaban el dinero. Así, el argumento opositor pierde fuerza porque, aunque no hubiesen querido, las AFJP existieron y fueron quienes estafaron a los miles de aportantes y jubilados. Sorteando su dinero en el mercado, haciendo malos negocios y concretando compras fraudulentas de acciones correspondientes a empresas amigas. Por eso, nadie -abiertamente- puede estar en contra de esta iniciativa. Aunque no debe perderse de vista las controversias sobre el pago de los 180 pesos, que afectarían un futuro incremento de los haberes jubilatorios. De ser cierto, esto significaría pan para hoy, hambre para mañana; pero todavía está por verse.

...se cura y se educa

A través de la firma de este decreto, la Presidenta ha cimentado uno de los pilares de la democracia. Pero la salud y la educación parecen haber quedado fuera de la agenda. El curar en los hospitales públicos suele ser muy difícil. No por la calidad de los médicos sino porque muchos centros del país carecen de los instrumentos necesarios y de las estructuras edilicias adecuadas. Con la educación hay ciertas analogías. Ambas cuentan con personal mal pago y con parte de su sueldo en negro.

Más allá de dejar en claro las problemáticas de la salud y la educación, y de las especulaciones políticas, hay que decir que la asignación universal viene en buena hora a dar algo de luz para la justicia social. Por lo tanto, saludamos la medida y exigimos soluciones para las problemáticas que aquejan a las otras dos áreas.

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